Municipalismo y cambio climático

Fundación DEMUCA, abril de 2017. 

No es el momento ni el propósito de introducir el debate conceptual y de enfoque sobre el desarrollo. Eso no significa que no se encuentre siempre presente e impregnando tanto la elaboración de cualquier iniciativa de instrumentación política o de planificación estratégica, como también en los diversos procesos de aterrizaje o localización de las actuaciones territoriales o sectoriales de las políticas públicas.

Solamente cabe así enunciar sucintamente algunos aspectos básicos. Pasamos de un concepto de desarrollo, donde la relación democracia-derechos- desarrollo dejaba paso a otra de mercado- impacto y rezago social – con medidas de compensación, a otro que sin abandonar esta última relación introduce una nueva modalidad regida desde el desarrollo sostenible / sustentable-seguridad- gestión de riesgos - adaptación al cambio climático- resiliencia.

El desarrollo siempre debe tener una calificación política: en sus objetivos y en su instrumentación de políticas y procesos. No todo el desarrollo es bueno y digno de promoción. Por ello hay que abordar estas cuestiones con una debida cautela.

Desde un modelo de Estado cuyo enfoque esencial centraba en cuidar y asegurar la vida y los derechos de las personas de la cuna a la tumba, donde los Gobiernos locales - de cercanía-, ocupaban un lugar central en esa estrategia sustantiva del cuido, de un enfoque amplio de seguridad, de bienestar, pasamos a un modelo basado en las vulnerabilidades, en los peligros y riesgos, en la inseguridad y la desconfianza de y hacia las personas, un modelo en el que éstas y las comunidades deben adaptarse y hacerse fuertes por sí para vivir en peligro o abiertos a las catástrofes presentes y futuras...

Para meternos en conceptos climáticos, nos hemos metido en una suerte de glaciación de la evolución humana, habrá que tratar de salir cuanto antes de ella y volver a la política, al contrato social, como fundamento de la convivencia democrática y del funcionamiento del estado de derecho y, por consiguiente, del diseño e instrumentación de las políticas públicas, de las políticas de desarrollo. De un desarrollo que amparado en los contenidos fundamentales del contrato social, asuma esas políticas publicas integrales, coherentes y complementarias y, proyecte y adecúe en el impulso de territorialización de las mismas. Un desarrolllo que, así sí, debemos promover y acompañar con todas las consecuencias. Otra vía que no pase o se asiente en la construcción y consolidación de los derechos y la dignidad de las personas y las diversas colectividades, será una vía de escape y sin otro destino que la precariedad, la inseguridad, la vulnerabilidad y el desasosiego...esa vía no será y no debe ser respaldada.

Las Naciones Unidas definen la resiliencia como la "capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta potencialmente al peligro de adaptarse mediante la resistencia al cambio, con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable de funcionamiento y estructura". Sin duda es una definición razonable, pero relativamente ajena a la racionalidad de asegurarse colectivamente desde el Estado y las políticas públicas frente al peligro o para evitar el peligro. ¿Cómo hacer territorios resilientes? Es una cuestión de derechos, bienestar y desarrollo.

El territorio y el enfoque territorial del desarrollo

Por eso habría que comenzar señalando que el territorio es una cuestión de Estado (territorio, población y gobierno). El adecuado posicionamiento de esos tres componentes y un equilibrio balanceado entre ambos son esenciales para el funcionamiento y consolidación de la democracia, pero también para el despliegue adecuado y eficaz de las políticas de desarrollo; en particular, la territorialización de las políticas públicas de desarrollo. De hecho, en muchos países de América Latina equiparan el ordenamiento y planificación territorial con el desarrollo territorial.

Al mismo tiempo, en los países o regiones en desarrollo, aún en los países de renta media (la mayoría, por ejemplo, en América Latina y el Caribe) se constata ese desequilibrio esencial del peso del territorio, de la precariedad de las políticas territoriales, tanto de institucionalización democrática y del estado de derecho, como de desarrollo económico y social.

La cuestión territorial viene a resultar así una cuestión de Estado, por lo tanto la política o las políticas territoriales han de situarse como políticas de Estado, sean en la dimensión de la consolidación de la democracia y de las instituciones democráticas, como en la planificación y gestión del desarrollo y, en cualquier caso, en los ejercicios necesarios y estratégicos de coordinación y complementariedad de las actuaciones de los diferentes niveles de gobierno, para asegurar la coherencia de las políticas, así como sus objetivos de integración y cohesión social y territorial del desarrollo.

Hoy, esta cuestión o política territorial de estado tiene mucho que ver con varias problemáticas entrelazadas: i) el acelerado ( y también desordenado) proceso de urbanización, ii) la nueva problemática ambiental y, iii) la gestión de riesgos y la adaptación a los efectos del cambo climático.

Todo ello se vincula enfáticamente con la planificación y gestión de las ciudades y su entorno; es decir, la cuestión del territorio, urbano o mega urbano y urbano-rural, pero también con incorporación decidida del entorno territorial no urbano, sea en función del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos esenciales, como el agua, los bosques, los espacios de amortiguamiento, etc.; en definitiva, con políticas y estrategias nacionales, regionales o de diferente alcance o naturaleza territorial, como cuencas, áreas metropolitanas, territorios fronterizos, etc.

Sin esa perspectiva amplia e integrada del territorio, no parece fácil resolver los graves problemas o amenazas para un desarrollo de calidad o, incluso, para asegurar el normal desenvolvimiento de la convivencia democrática y de la calidad de vida, no digamos ya para superar algunos de los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, agravados coyunturalmente por situaciones de violencia de origen social, pero sobre todo por el peso de economía criminales como el narcotráfico, la corrupción público-privada, sean de alcance nacional o internacional.

El enfoque territorial del desarrollo es precisamente el que sustenta la propuesta de la territorialización de las políticas públicas del desarrollo, así como la articulación o implementación ordenada, congruente de las mismas, con criterio de protagonismo destacado de las entidades democráticas locales (gobiernos municipales, locales y sus formas mancomunadas), la coordinación y gestión multinivel, la multisectorialidad y la activa participación de los diversos agentes del desarrollo. Sin lugar a dudas: el vértice esencial de este enfoque descansa en el fortalecimiento efectivo de las capacidades institucionales y de gestión municipal e intermunicipal para asentar y elevar su rol de articulador del desarrollo y para la eficaz y oportuna integración con las diferentes estrategias del desarrollo en el territorio.

En definitiva, habría que apoyar las diversas actuaciones de apoyoal desarrollo y la territorialización de las políticas públicas de desarrollo, sea con una visión o perspectiva de gestión de riesgos, de resiliencia, adaptación al cambio climático, etc. No se trataría de situar los nuevos énfasis o tendencias de la agenda internacional para el desarrollo, como a veces parece plantearse, en una perspectiva sectorial o temática, como la prevención de la violencia (seguridad pública), o la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático, con una visión de desarrollo.

Dicho de otra manera, los problemas del crecimiento urbano desordenado, las amenazas ambientales, los riesgos y las diversas vulnerabilidades ligadas o agravadas por los efectos del cambio climático, o los propios desequilibrios urbano – territoriales, además de la pobreza y la desigualdad, etc., son referencias problemáticas que llueven sobre mojado: la usencia de políticas públicas de desarrollo, la falta de políticas o la muy insuficiente coherencia, continuidad y complementariedad de políticas públicas de desarrollo, entre las que habría que citar de manera destacada, las dirigidas a superar la debilidad o precariedad de las instituciones democráticas (del estado de derecho) y del desarrollo, como es el caso destacado de lo que acontece en el ámbito territorial.

La resiliencia no puede ser una herramienta de la estrategia de supervivencia de resistencia. La vida, la vida humana, ha de concebirse y proyectarse para ser vivida amplia y plenamente para los individuos y las colectividades. El contrato social, el Estado democrático de derecho y sus capacidades han de soportar e instrumentar todos los medios y capacidades de políticas públicas en pro de esos objetivos de bienestar general y de calidad. Es, o debiera ser, el arte de la política de los empeños comunes, solidarios, más allá de la resiliencia.


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