Apuesta millonaria para eliminar los vertederos de basura en Panamá

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá estima que mil millones de dólares es el costo para sanear y eliminar los 65 vertederos de basura a cielo abierto que hay en todo el país, además de establecer un plan nacional sobre la gestión de los desechos.

Gabriel de la Iglesia, secretario general de la institución, reconoció que durante años no ha habido ninguna planificación para atender este tema, generando un problema de salud pública en muchas regiones del país que demandan respuestas al respecto.

Por el momento, las autoridades están realizando estudios de la situación actual y analizando cuál debe ser la respuesta.

CONTAMINACIÓN A CIELO ABIERTO

La carencia de un plan integral por parte de las autoridades de Aseo, Ambiente y Salud, para gestionar de manera adecuada las más de 4.300 toneladas de basura que se generan a diario en Panamá, ha ocasionado un atraso de más de 30 años en esta materia.

En total, son 65 los vertederos a cielo abierto que hay en el país, lo que origina problemas de contaminación ambiental, salud pública e incluso afecta las actividades turísticas en algunas regiones del país.

El problema que se evidencia en las distintas provincias es muy similar: montañas de basura acumulada, aves de rapiña en abundancia, pepenadores con casas improvisadas dentro de esas zonas y recientemente se ha hecho común el incendio de los desechos.

AGUDO PROBLEMA

La situación es crítica en todo el país, pero en las provincias centrales se concentra gran parte del problema. Solo en esta región, que incluye Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, hay 33 de los 65 vertederos a cielo abierto.

Por ejemplo, en Veraguas hay 11 vertederos, principalmente en Soná, Atalaya, Santa Fe, Montijo y Santiago. La mayoría de ellos emana gran cantidad de humo, debido a que todos los días las personas encienden fuego a los desechos, sin que las autoridades establezcan el control necesario para evitar la contaminación.

Samuel Rodríguez, vocero comunitario en El Espino de Santiago, denunció que a diario personas del mal vivir prenden fuego a la basura, afectando la salud de quienes residen en los alrededores y al ambiente.

Por su parte, Edward Moley Ibarra, alcalde de Santiago, señaló que esta situación data de hace más de 35 años, pero que se hacen los esfuerzos necesarios para cerrar uno a uno los vertederos en la provincia de Veraguas.

De hecho, mencionó que actualmente en el vertedero de Santiago, que tiene unas 35 hectáreas, hay personal especializado trabajando en la “descontaminación” del lugar para evitar que los lixiviados terminen en las quebradas de Clavijo y La Honda, que son afluentes del río Santa María, que surte de agua a los distritos de San Francisco, Santiago y Atalaya.

Mientras que en la provincia de Coclé hay cinco basureros en total. El más grande tiene cerca de 50 hectáreas y está en el distrito de Penonomé, cabecera de la provincia.

Este vertedero ya está en la mira de las autoridades, quienes prevén su cierre definitivo en mayo próximo.

Por años, los residentes de comunidades aledañas al vertedero como El Coco y Miraflores, denunciaron el “colapso” de ese sitio, pero no fue hasta el año pasado que las autoridades pusieron atención a la situación.

José Ángel Sáenz, residente de El Coco, manifestó que el humo que emana del lugar, los malos olores y la invasión de moscas son parte de las afectaciones recurrentes denunciadas por los vecinos de esa región.

El pasado 15 de febrero se incendiaron 45 hectáreas de ese vertedero, generando humo por más de dos semanas, lo que obligó a las autoridades de Gobierno a tomar medidas en el asunto.

“Gracias a la insistencia de la comunidad, se logró que las autoridades del Gobierno pusieran atención al problema y se lograra la clausura del vertedero, que era lo que la población quería”, expresó Euclides Montenegro, representante del corregimiento.

LAS CONCESIONES

Los vertederos a cielo abierto no son el único problema de las autoridades de Aseo, Ambiente y Salud, también lo son las concesiones que se han otorgado a empresas privadas para la recolección de los desechos en algunos distritos.

San Miguelito, Colón, Santiago, La Chorrera y Arraiján son algunas de las áreas que han dejado el tema de la recolección de la basura en manos de compañías privadas, sin que en efecto se hayan logrado resultados efectivos.

Los problemas son comunes, calles y veredas con pequeños “pataconcitos” que los residentes achacan a la mala organización, coordinación e indiferencia de la empresa al momento de hacer su trabajo, mientras que las compañías lo atribuyen a la poca cultura de la población por disponer de manera adecuada de la basura y al no pago de las tarifas.

En el distrito de Arraiján, esta labor fue delegada desde 2006 a la empresa colombiana Aseo Capital, S.A., por un período de 20 años, y las críticas contra el servicio han sido permanentes.

Durante las últimas semanas los enfrentamientos entre los representantes de la compañía, los clientes y el alcalde, Pedro Sánchez, han sido más frecuentes y polémicos, luego de que Aseo Capital decidiera desde febrero pasado no recoger la basura a los clientes con morosidad que superen los 90 días.

Hasta el mes de diciembre de 2015, la población arraijaneña adeudaba a esta empresa $16 millones 394 mil 635, lo que a juicio de sus representantes impide en cierta forma hacer un trabajo más efectivo.

Aseo Capital por mes transporta hacia el vertedero de Playa Chiquita, en La Chorrera, 3 mil 256 toneladas de desechos.

Por su parte, en La Chorrera, el servicio de barrido, recolección y disposición final de desechos está en manos de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMAS), de capital colombiano, por 20 años.

Esta empresa administra, además, el vertedero de Playa Chiquita, el cual entrará en proceso de cierre en abril próximo, cuando comience a operar el relleno sanitario ‘El Diamante’, el cual tiene 25 hectáreas.

EMAS también es señalada por la población por no cumplir con la frecuencia de recolección, derrame de lixiviados, por el mal estado de los camiones recolectores, la negativa al descuento del 25% en la facturación a los jubilados; además del aumento de tarifa.

En tanto, en el distrito de San Miguelito la deuda a la empresa Revisalud supera los $23 millones.

En reiteradas declaraciones, Ricardo Rodríguez, director comercial de la empresa, expresó que hay algunos de sus clientes que no se han acercado para hacer pagos ni arreglos desde hace 13 años, cuando la empresa obtuvo la concesión para prestar el servicio.

Revisalud recoge cerca de 465 toneladas de basura diarias en San Miguelito.

AMBIENTE Y SALUD

Para la ambientalista Alida Spadafora, la situación de los desechos en el país es una “emergencia sanitaria”.

Sobre el tema, Spadafora presentó en 2014 el proyecto de Ley No. 173, mediante el cual “se establece la gestión integral de residuos y cultura basura”, pero la propuesta no pasó del primer debate.

En la exposición de motivos de esa iniciativa, la también suplente de la diputada Ana Matilde Gómez, planteó que Panamá ha logrado poco avance en términos de una gestión eficaz, integral y racional de los residuos y que por el contrario, el problema ha sido agravado en los últimos años, debido a que el abordaje utilizado en el manejo de los residuos no ha cambiado en décadas.

Añadió que para resolver parcialmente los problemas que generan los residuos, el enfoque se ha concentrado en su recolección y disposición, y no tanto en su reducción, reutilización, reciclaje y/o aprovechamiento energético de los residuos.

Datos del Ministerio de Ambiente precisan que unas 300 toneladas diarias de residuos no son recolectadas y que estas en su mayoría van a parar en vertederos ilegales, cunetas, quebradas, ríos y playas.

En ese sentido, Edgardo Villalobos, del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, estimó “inconveniente” que personas residan cerca de los vertederos, dado que diversas sustancias peligrosas como metales pesados y dioxinas, entre otras, han sido asociadas a problemas de salud, como diferentes tipos de cáncer, problemas neurológicos, afectaciones a la piel y enfermedades respiratorias.

Además, hizo un llamado a la sociedad en general para que sea “más consciente” de la forma en que dispone de la basura.

PLAN ESTRATÉGICO

Para hacer frente a los diferentes conflictos respecto al manejo de los desechos, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ha elaborado una hoja de ruta que permite hacer un diagnóstico de la situación en todo el país, evaluar las posibles soluciones, implementarlas y finalmente establecer un seguimiento.

Gabriel de la Iglesia, secretario general de la AAUD, detalló que todos esos aspectos están integrados en el “Plan de Gestión Integral del Manejo de Desechos”, que adelanta esa institución y que se ha puesto en marcha parcialmente.

Citó como ejemplo, que ya la empresa estatal española Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) realiza una consultoría por un monto de $4.3 millones para definir las directrices, establecer un plan de gestión y las principales líneas de actuación necesarias para el manejo sostenible de los residuos generados en el país.

Esta investigación fijaría las actuaciones necesarias para resolver los problemas actuales y futuros del manejo de desechos, en un horizonte temporal de 10 años para el plan de gestión y 20 años mínimo para las alternativas de solución.

Además, ya la Autoridad ha invertido $13.8 millones para la compra de 91 camiones, los cuales incluyen el mantenimiento por un período de dos años.

Según las previsiones, parte de esta flota será distribuida en distintos municipios de todo el país, mientras que el resto será utilizado para reforzar el servicio de la ciudad capital.

De la Iglesia añadió que también se han realizado varios encuentros con las diferentes autoridades locales de las provincias para que conozcan los planes de la AAUD y realicen los aportes que consideren necesarios.


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